CIUDAD DE MÉXICO – La incertidumbre sobre qué pasará con los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos ha provocado reclamos al gobierno federal, por parte de quienes consideran que la actual administración no resuelve el problema de fondo y abre la puerta a más feminicidios. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que los apoyos económicos para estos lugares serán entregados por la Secretaría de Gobernación (Segob) de manera directa a las mujeres, mientras que desde las redes oficiales gubernamentales y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sostuvieron que los recursos para estos sitios están garantizados. La situación ha generado críticas entre organizaciones en pro de los derechos de las mujeres y feministas, como la periodista Lydia Cacho, quien advirtió que hay un «caos informativo».


El Instituto Simone de Beauvoir consideró que la situación de violencia que padecen las mexicanas no se resuelve con la entrega de apoyos directos; además, señaló la utilidad de este tipo de albergues ante la situación de feminicidios que enfrenta el país. La activista Wendy Figueroa, quien diseña políticas públicas con perspectiva de género, señaló de igual manera que el enfoque asistencialista no resuelve de fondo la problemática de la violencia contra las mujeres. La ONU Mujeres señaló también la importancia de que el Estado mexicano respalde este tipo de centros para la atención especializada de las mujeres que sufren violencia.
Esta disposición está en concordancia con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece como una de las obligaciones del Estado promover la creación de este tipo de centros. «(El Estado deberá) favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia», dice el artículo 8 de dicha legislación.

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En medio de la polémica, la Red Nacional de Refugios —integrada por 41 refugios y 39 centros de atención externa— solicitó al gobierno federal rectificar su decisión pues, señaló, vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de que va en contra de tratados internacionales en la materia. «Pretendemos poder compartirle cómo operan los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil y que el señor presidente pueda de manera directa escuchar las voces de las mujeres que se encuentran en estos momentos recibiendo la atención integral, aun y cuando no se han recibido los recursos de la Federación», manifestaron en un comunicado. En cuando al cambio de estrategia, la organización consideró que la entrega de dinero de manera directa tendrá una repercusión en cuanto al aumento de feminicidios en el país, además de que señaló que debido a que la convocatoria se encuentra abierta los proyectos ya están en proceso de ser enviados.

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Por BOSSK

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